SANIDAD PUBLICA

                                SOBRE LA SANIDAD PÚBLICA

 

 

      Cuando un egresado médico se incorpora a la práctica de su ejercicio profesional lleva implícitamente adquirido un compromiso moral con sus pacientes que mantendrá durante toda su vida y que le convierte de hecho en su defensor más decidido.

      El mantenimiento de esta relación que comporta en sí misma un importante valor terapéutico es el eje fundamental de la práctica médica, tan importante, que debiera estar protegida específicamente a fin de salvaguardar los beneficios sanitarios perseguidos, puesto que sus alteraciones repercuten negativamente y de forma muy severa en el funcionamiento y resultados de este básico derecho social.

      Las mayores perturbaciones de esta íntima relación, se originan en la presencia de  factores externos añadidos al ejercicio profesional, como son la necesaria  contribución del personal administrativo y económico, y la presencia, cada vez más absorbente, de los valedores políticos. Las decisiones de este staff técnico, primadas sobre la ética médica, han dado lugar a la generación de criterios y orientaciones divergentes e incluso contrapuestas en pro de una sanidad con fines políticos que cada vez se aleja más, en sus principios básicos, de los criterios sociales y morales que tradicionalmente han presidido la práctica médica.

      La hegemonía administrativa, avivada por la posibilidad de los incentivos económicos que conllevan los contratos de externalización, ha conseguido sumir en el marasmo a las primeras líneas de la atención sanitaria. Disposiciones incomprensibles condicionadas por la presión creciente de la demanda asistencial y la ausencia de criterios idóneos, han terminado por acabar con la intimidad necesaria de la consulta médica ambulatoria, que hoy por hoy se asemeja cada vez más a cualquier departamento de atención pública, en el que un funcionario indeterminado, numera, sella y tramita la papelería diaria sin posibilidad de detenerse demasiado a distinguir el fondo de la forma de cada uno de los documentos, originando así el mayor punto de conflicto y quejas de los pacientes, siendo fuente de las agresiones al personal sanitario.

      La atención especializada, viene siendo continuamente menoscabada con la llegada de los políticos a la gerencia de los hospitales. Si los administrativos han pecado de escaso conocimiento de la sanidad, los políticos en general son aún más ajenos a este campo con el inconveniente de detentar más poder y mayor capacidad para la redistribución del dinero público que fluye de forma constante a la contratación de servicios privados que no pasan de ser un remedo asistencial en detrimento de lo público. No es extraño que pretendan asemejar  el funcionamiento hospitalario con el de un añorado ministerio, con lo que, lo que los médicos conciencian como desvirtuación de los hospitales, en el sentido más peyorativo de la idea, avanza a pasos agigantados destruyendo el laboriosamente organizado tejido hospitalario.

      Las consultas especializadas también cambian ya de médico a cada visita, e incluso de hospital, y lo que es más grave, estos cambios conllevan aquí alteraciones de los sistemas y técnicas terapéuticas y de los niveles de especialización con lo que las consecuencias del grado de desorganización asistencial se magnifican lesionando los derechos de los pacientes a acceder a los tratamientos más adecuados.

      Simultáneamente se lesionan también los derechos adquiridos por los facultativos a través de muchos años de trabajo, cuyo desprecio es tan importante como despreciar la ley, ya que éstos derechos están previamente legislados, pero pese a las muchas y variadas sentencias favorables conseguidas, aún emanadas por los tribunales superiores de justicia e incluso del supremo, no se ha conseguido poner freno alguno a esta  devastación normativa, puesto que todas son eludidas o ignoradas sin la menor trascendencia penal, con lo que al caer las barreras protectoras, toda mediocridad e incompetencia encuentran su asiento.

      Todavía un paso más en esta cadena de despropósitos consiste en la eliminación de todo tipo de reglamentación previa, con lo que se evita la incomodidad de la transgresión sistemática legal, que es lo que se  ha venido a plasmar en los nuevos centros sanitarios que según un acertado criterio constituyen una selva en la que no existe ningún tipo de ordenación ni normas conocidas.      

      La injusticia así esgrimida se traduce en acoso laboral, impotencia y desmotivación, en definitiva da lugar a violencia (violencia psíquica en nuestro caso). En las consultas médicas de hoy ha desaparecido la intimidad, la confianza, la sinceridad e incluso el nombre del médico, influyendo negativamente sobre la eficiencia y la calidad del trabajo profesional y conformando la base que genera el progresivo deterioro sanitario que tanto preocupa y en el que los médicos han sido los primeros en caer derrotados.

      Mantener en estas circunstancias el compromiso moral adquirido por el médico es manifiestamente complicado o imposible. ¿Cómo se protege el ejercicio profesional médico?, ¿quién defiende al profesional médico?, o lo que es lo mismo, ¿quién  defiende al paciente?

 

 

 

 

                                                            Jesús Lobillo Ríos

                                           Presidente del Ateneo Libre de Benalmádena

                                                         “benaltertulias.blogspot.com”

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