LOS
ULTIMOS INQUISIDORES
Como atávicos representantes de
los tribunales inquisitoriales de épocas olvidadas, hicieron su aparición en la historia de
España en pleno siglo XX, como siniestros representantes de la persecución y
eliminación de herejes. Se trata de los auditores militares del Ejército de
Ocupación que en Julio de 1936 se sublevó contra el gobierno legítimo de la
Segunda República Española, llevando a cabo un plan sistemático de eliminación
de los elementos republicanos a los que tildaron de rebeldes según su peregrina
interpretación de las normas jurídicas. Son figuras por lo general poco
conocidas y difíciles de investigar a excepción de la de Arias Navarro que llegaría
a ocupar la Presidencia del Gobierno, al que hay que sumar al recientemente
“descubierto” Felipe Acedo Colunga y al gaditano Francisco Bohórquez Vecina responsable
de la depuración llevada a cabo en Sevilla y en Andalucía en general.
El más interesante de ellos es
Felipe Acedo que en enero de 1939 presenta una memoria, “perdida” en el Archivo
del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, en la que condensa y
justifica la labor desempeñada por los Consejos de Guerra con el objetivo de
instruir en la administración de “justicia” a los futuros fiscales. Manifiesta
desde el comienzo que esta labor es necesaria para limpiar la escoria
republicana en una hoguera para la que reclamó la vuelta de los tribunales de
la Santa Inquisición. Declara ineficaz el principio jurídico que asegura que no
puede haber pena sin una ley previa, asegurándose para sí la definición de
delito y su necesario castigo, de la misma forma que elimina la pretensión de
que la duda beneficie al acusado porque “el estado no está para tutelar
malhechores”. De esta forma a la casi totalidad del país podía acusársele de
rebelión militar, adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión e inducción a
la rebelión, haciendo hincapié en la necesidad de castigar la ideología antes
que el delito y en ausencia de éste.
Con esta farsa jurídica, los
tribunales militares y especiales franquistas comenzaron la eliminación de los
altos mandos militares, con tal celeridad que muchos de ellos ya estaban
eliminados cuando se instruyó el proceso. El fiscal militar exponía los
preámbulos y solicitaba la pena capital en el tribunal militar, en donde el
defensor, de una categoría jerárquica inferior (y a veces profano en la
materia), lo admitía sin reparos.
Se eliminaron rápidamente las
autoridades civiles de los núcleos que se iban liberando, y a todos los
elementos adscritos a los partidos de izquierda y a los funcionarios destacados
al servicio de la república, amén de todos los milicianos rojos. La depuración
alcanzó rápidamente al estamento de la enseñanza, a los catedráticos de Universidad,
a los maestros y a los funcionarios en general. El exceso de celo se propuso la
eliminación de los interventores de los partidos del frente popular de las
elecciones de febrero del 36 e incluso de sus familias, “determinándose en el
juicio oral su condena o absolución por la impresión que la cara de los
procesados produjera en el tribunal”, debiendo refrenarse, eventualmente, ante
el evidente peligro de restringir en exceso la mano de obra. La devastadora
represión física, política, económica y jurídica constituyó un auténtico
exterminio del enemigo interior al que nunca consideró un ejército sino una
banda de malhechores.
Felipe Acedo había nacido en
Palma de Mallorca en 1896 y falleció en Madrid en 1969, estudió la carrera de
Derecho en alguna universidad castellana y opositó al Cuerpo Jurídico Militar
en el que ingresó en 1917 con 21 años para acceder casi enseguida al arma de
aviación como piloto de guerra. Llama la atención la parquedad de anotaciones
que aparecen su hoja de servicios que en 1928 descubrimos adscrito al aeródromo
de Tablada en Sevilla en su doble cualidad de miembro del Cuerpo Jurídico
Militar y aviador.
En Agosto de 1932 participó en la
rebelión del General Sanjurjo contra la República debiendo sufrir en
consecuencia prisión provisional hasta el sobreseimiento de su proceso. En 1934
fue adscrito a la Auditoria que se creó para el Ejército de Operaciones de
Asturias a fin de doblegar a los mineros turbulentos y en donde se incoaron más
de mil procedimientos, de los que solo se sobreseyeron unos doscientos, entre
los que destaca el del dirigente socialista Ramón González Peña que debió ser
indultado por el presidente de la República de la pena de muerte solicitada por
Acedo que defendió como suya la idea de que la revolución era un crimen.
Al iniciarse la rebelión militar,
en 1936, lo encontramos en la provincia de Cádiz a donde había pasado desde
Gibraltar. Según manifestaciones propias asistió a los Consejos de Guerra de
Oficiales Generales que se celebraron en Huelva, Jerez, Cádiz, Sevilla, Córdoba
y Badajoz, “cuyo número no puedo precisar”, en los que esgrimió la acusación de
rebelión militar y pena de muerte a todos aquellos que se habían limitado a
cumplir con su deber de lealtad al Gobierno legítimo. En Noviembre fue nombrado
Fiscal Jefe del Ejército de Ocupación.
Francisco Bohórquez Vecina
(1893-1955) era natural de Ubrique (Cádiz) de una familia en la que existieron
tantos médicos como juristas, fue general auditor de la 2ª Región Militar, mano
derecha y hombre de confianza del general golpista Queipo de Llano y
responsable de miles de ejecuciones. Sus restos descansan en la Basílica de la
Macarena junto a su jefe.
Pero el más conocido de todos es
Carlos Arias Navarro (1908-1989), madrileño, Licenciado y Doctor en Derecho,
funcionario por oposición de la
Dirección General de Registros y Notariado y fiscal por oposición en donde fue
destinado inicialmente a Málaga. Así mismo aprobó en 1942 las oposiciones a
Notaría. Sirvió fielmente al régimen franquista iniciando su actuación en
Málaga donde su intensa labor represora le hizo acreedor al sobrenombre de
“carnicerito de Málaga”, para luego ser gobernador civil en varias provincias,
Director General de Seguridad, alcalde de Madrid, Ministro de la Gobernación y
Presidente del Gobierno. Sus restos reposan en el cementerio de Mingorrubio
junto a los de Franco.
Estas figuras, y probablemente
más, que no han podido ser investigadas por la dificultad aún existente de indagar
en los archivos y por la tendencia del régimen franquista a no dejar huella de
sus fechorías, deben de ser conocidas y recordadas como ejemplo inicuo de
personajes que aplicaron una “justicia” que se tomaron por su mano como
auténticos inquisidores medievales, tratando
de alcanzar una “solución final” que permitiera la perpetuación de un
sistema político censurable que nunca debió apropiarse de nuestro país.
Jesús Lobillo Ríos
Presidente del Ateneo Libre de
Benalmádena
“benaltertulias.blogspot.com”
Bibliografía
F. Espinosa, G. Portilla y A.
Viñas.-“Castigar a los rojos. Acedo Colunga el gran arquitecto de la represión franquista”. Editorial Crítica.
2022.
Carlos Lázaro Ávila.-Real
Academia de la Historia
Fernandez, Tomás y Tamaro, Elena.
Carlos Arias Navarro. Biografías y vidas. 2004.
