domingo, 13 de noviembre de 2022

13 de noviembre de 2022

                                              LOS ULTIMOS INQUISIDORES

Como atávicos representantes de los tribunales inquisitoriales de épocas olvidadas,  hicieron su aparición en la historia de España en pleno siglo XX, como siniestros representantes de la persecución y eliminación de herejes. Se trata de los auditores militares del Ejército de Ocupación que en Julio de 1936 se sublevó contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española, llevando a cabo un plan sistemático de eliminación de los elementos republicanos a los que tildaron de rebeldes según su peregrina interpretación de las normas jurídicas. Son figuras por lo general poco conocidas y difíciles de investigar a excepción de la de Arias Navarro que llegaría a ocupar la Presidencia del Gobierno, al que hay que sumar al recientemente “descubierto” Felipe Acedo Colunga y al gaditano Francisco Bohórquez Vecina responsable de la depuración llevada a cabo en Sevilla y en Andalucía en general.

El más interesante de ellos es Felipe Acedo que en enero de 1939 presenta una memoria, “perdida” en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, en la que condensa y justifica la labor desempeñada por los Consejos de Guerra con el objetivo de instruir en la administración de “justicia” a los futuros fiscales. Manifiesta desde el comienzo que esta labor es necesaria para limpiar la escoria republicana en una hoguera para la que reclamó la vuelta de los tribunales de la Santa Inquisición. Declara ineficaz el principio jurídico que asegura que no puede haber pena sin una ley previa, asegurándose para sí la definición de delito y su necesario castigo, de la misma forma que elimina la pretensión de que la duda beneficie al acusado porque “el estado no está para tutelar malhechores”. De esta forma a la casi totalidad del país podía acusársele de rebelión militar, adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión e inducción a la rebelión, haciendo hincapié en la necesidad de castigar la ideología antes que el delito y en ausencia de éste.

Con esta farsa jurídica, los tribunales militares y especiales franquistas comenzaron la eliminación de los altos mandos militares, con tal celeridad que muchos de ellos ya estaban eliminados cuando se instruyó el proceso. El fiscal militar exponía los preámbulos y solicitaba la pena capital en el tribunal militar, en donde el defensor, de una categoría jerárquica inferior (y a veces profano en la materia), lo admitía sin reparos.

Se eliminaron rápidamente las autoridades civiles de los núcleos que se iban liberando, y a todos los elementos adscritos a los partidos de izquierda y a los funcionarios destacados al servicio de la república, amén de todos los milicianos rojos. La depuración alcanzó rápidamente al estamento de la enseñanza, a los catedráticos de Universidad, a los maestros y a los funcionarios en general. El exceso de celo se propuso la eliminación de los interventores de los partidos del frente popular de las elecciones de febrero del 36 e incluso de sus familias, “determinándose en el juicio oral su condena o absolución por la impresión que la cara de los procesados produjera en el tribunal”, debiendo refrenarse, eventualmente, ante el evidente peligro de restringir en exceso la mano de obra. La devastadora represión física, política, económica y jurídica constituyó un auténtico exterminio del enemigo interior al que nunca consideró un ejército sino una banda de malhechores.

Felipe Acedo había nacido en Palma de Mallorca en 1896 y falleció en Madrid en 1969, estudió la carrera de Derecho en alguna universidad castellana y opositó al Cuerpo Jurídico Militar en el que ingresó en 1917 con 21 años para acceder casi enseguida al arma de aviación como piloto de guerra. Llama la atención la parquedad de anotaciones que aparecen su hoja de servicios que en 1928 descubrimos adscrito al aeródromo de Tablada en Sevilla en su doble cualidad de miembro del Cuerpo Jurídico Militar y aviador.

En Agosto de 1932 participó en la rebelión del General Sanjurjo contra la República debiendo sufrir en consecuencia prisión provisional hasta el sobreseimiento de su proceso. En 1934 fue adscrito a la Auditoria que se creó para el Ejército de Operaciones de Asturias a fin de doblegar a los mineros turbulentos y en donde se incoaron más de mil procedimientos, de los que solo se sobreseyeron unos doscientos, entre los que destaca el del dirigente socialista Ramón González Peña que debió ser indultado por el presidente de la República de la pena de muerte solicitada por Acedo que defendió como suya la idea de que la revolución era un crimen.

Al iniciarse la rebelión militar, en 1936, lo encontramos en la provincia de Cádiz a donde había pasado desde Gibraltar. Según manifestaciones propias asistió a los Consejos de Guerra de Oficiales Generales que se celebraron en Huelva, Jerez, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Badajoz, “cuyo número no puedo precisar”, en los que esgrimió la acusación de rebelión militar y pena de muerte a todos aquellos que se habían limitado a cumplir con su deber de lealtad al Gobierno legítimo. En Noviembre fue nombrado Fiscal Jefe del Ejército de Ocupación.

Francisco Bohórquez Vecina (1893-1955) era natural de Ubrique (Cádiz) de una familia en la que existieron tantos médicos como juristas, fue general auditor de la 2ª Región Militar, mano derecha y hombre de confianza del general golpista Queipo de Llano y responsable de miles de ejecuciones. Sus restos descansan en la Basílica de la Macarena junto a su jefe.

Pero el más conocido de todos es Carlos Arias Navarro (1908-1989), madrileño, Licenciado y Doctor en Derecho, funcionario por oposición  de la Dirección General de Registros y Notariado y fiscal por oposición en donde fue destinado inicialmente a Málaga. Así mismo aprobó en 1942 las oposiciones a Notaría. Sirvió fielmente al régimen franquista iniciando su actuación en Málaga donde su intensa labor represora le hizo acreedor al sobrenombre de “carnicerito de Málaga”, para luego ser gobernador civil en varias provincias, Director General de Seguridad, alcalde de Madrid, Ministro de la Gobernación y Presidente del Gobierno. Sus restos reposan en el cementerio de Mingorrubio junto a los de Franco.

Estas figuras, y probablemente más, que no han podido ser investigadas por la dificultad aún existente de indagar en los archivos y por la tendencia del régimen franquista a no dejar huella de sus fechorías, deben de ser conocidas y recordadas como ejemplo inicuo de personajes que aplicaron una “justicia” que se tomaron por su mano como auténticos inquisidores medievales, tratando  de alcanzar una “solución final” que permitiera la perpetuación de un sistema político censurable que nunca debió apropiarse de nuestro país.

 

                                                                        Jesús Lobillo Ríos

                                                 Presidente del Ateneo Libre de Benalmádena

                                                              “benaltertulias.blogspot.com”

Bibliografía

F. Espinosa, G. Portilla y A. Viñas.-“Castigar a los rojos. Acedo Colunga el gran arquitecto de la      represión franquista”. Editorial Crítica. 2022.

Carlos Lázaro Ávila.-Real Academia de la Historia

Fernandez, Tomás y Tamaro, Elena. Carlos Arias Navarro. Biografías y vidas. 2004.

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