SOBRE LA
SANIDAD PÚBLICA
Cuando un egresado médico se incorpora a
la práctica de su ejercicio profesional lleva implícitamente adquirido un
compromiso moral con sus pacientes que mantendrá durante toda su vida y que le
convierte de hecho en su defensor más decidido.
El mantenimiento de esta relación que
comporta en sí misma un importante valor terapéutico es el eje fundamental de
la práctica médica, tan importante, que debiera estar protegida específicamente
a fin de salvaguardar los beneficios sanitarios perseguidos, puesto que sus
alteraciones repercuten negativamente y de forma muy severa en el
funcionamiento y resultados de este básico derecho social.
Las mayores perturbaciones de esta íntima
relación, se originan en la presencia de
factores externos añadidos al ejercicio profesional, como son la
necesaria contribución del personal
administrativo y económico, y la presencia, cada vez más absorbente, de los
valedores políticos. Las decisiones de este staff técnico, primadas sobre la
ética médica, han dado lugar a la generación de criterios y orientaciones
divergentes e incluso contrapuestas en pro de una sanidad con fines políticos
que cada vez se aleja más, en sus principios básicos, de los criterios sociales
y morales que tradicionalmente han presidido la práctica médica.
La hegemonía administrativa, avivada por
la posibilidad de los incentivos económicos que conllevan los contratos de
externalización, ha conseguido sumir en el marasmo a las primeras líneas de la
atención sanitaria. Disposiciones incomprensibles condicionadas por la presión
creciente de la demanda asistencial y la ausencia de criterios idóneos, han
terminado por acabar con la intimidad necesaria de la consulta médica
ambulatoria, que hoy por hoy se asemeja cada vez más a cualquier departamento
de atención pública, en el que un funcionario indeterminado, numera, sella y
tramita la papelería diaria sin posibilidad de detenerse demasiado a distinguir
el fondo de la forma de cada uno de los documentos, originando así el mayor punto
de conflicto y quejas de los pacientes, siendo fuente de las agresiones al
personal sanitario.
La atención especializada, viene siendo
continuamente menoscabada con la llegada de los políticos a la gerencia de los
hospitales. Si los administrativos han pecado de escaso conocimiento de la
sanidad, los políticos en general son aún más ajenos a este campo con el
inconveniente de detentar más poder y mayor capacidad para la redistribución del
dinero público que fluye de forma constante a la contratación de servicios
privados que no pasan de ser un remedo asistencial en detrimento de lo público.
No es extraño que pretendan asemejar el
funcionamiento hospitalario con el de un añorado ministerio, con lo que, lo que
los médicos conciencian como desvirtuación de los hospitales, en el sentido más
peyorativo de la idea, avanza a pasos agigantados destruyendo el laboriosamente
organizado tejido hospitalario.
Las consultas especializadas también
cambian ya de médico a cada visita, e incluso de hospital, y lo que es más
grave, estos cambios conllevan aquí alteraciones de los sistemas y técnicas
terapéuticas y de los niveles de especialización con lo que las consecuencias
del grado de desorganización asistencial se magnifican lesionando los derechos
de los pacientes a acceder a los tratamientos más adecuados.
Simultáneamente se lesionan también los
derechos adquiridos por los facultativos a través de muchos años de trabajo,
cuyo desprecio es tan importante como despreciar la ley, ya que éstos derechos
están previamente legislados, pero pese a las muchas y variadas sentencias
favorables conseguidas, aún emanadas por los tribunales superiores de justicia
e incluso del supremo, no se ha conseguido poner freno alguno a esta devastación normativa, puesto que todas son
eludidas o ignoradas sin la menor trascendencia penal, con lo que al caer las
barreras protectoras, toda mediocridad e incompetencia encuentran su asiento.
Todavía un paso más en esta cadena de despropósitos
consiste en la eliminación de todo tipo de reglamentación previa, con lo que se
evita la incomodidad de la transgresión sistemática legal, que es lo que
se ha venido a plasmar en los nuevos centros
sanitarios que según un acertado criterio constituyen una selva en la que no
existe ningún tipo de ordenación ni normas conocidas.
La injusticia así esgrimida se traduce en
acoso laboral, impotencia y desmotivación, en definitiva da lugar a violencia
(violencia psíquica en nuestro caso). En las consultas médicas de hoy ha
desaparecido la intimidad, la confianza, la sinceridad e incluso el nombre del
médico, influyendo negativamente sobre la eficiencia y la calidad del trabajo profesional
y conformando la base que genera el progresivo deterioro sanitario que tanto
preocupa y en el que los médicos han sido los primeros en caer derrotados.
Mantener en estas circunstancias el
compromiso moral adquirido por el médico es manifiestamente complicado o
imposible. ¿Cómo se protege el ejercicio profesional médico?, ¿quién defiende
al profesional médico?, o lo que es lo mismo, ¿quién defiende al paciente?
Jesús Lobillo Ríos
Presidente
del Ateneo Libre de Benalmádena
“benaltertulias.blogspot.com”
“ateneolibredebenalmadena.com”
